miércoles, 1 de agosto de 2018

Conflictos sociales y proyecto de nación.






Hipótesis general.
Los últimos acontecimientos en Espinar (Cuzco) y el polvorín social que se ha vuelto Cajamarca a raíz de la implosión violenta de una inversión minera lesiva, desde todo punto de vista para la vida humana y natural de esas jurisdicciones, han sido leídos por la academia, el periodismo, la tecnocracia política, incluso por las fuerzas de vanguardia con los ojos de un inconveniente pragmatismo y con poca profundidad. Reducir este conflicto socio ambiental a una mera propuesta de detalles técnicos, o a un lío generado por intereses políticos obtusos, desconoce los temas de fondo que poco a poco se esclarecen, pero que no se discuten por la calculada mezquindad de la coyuntura que maneja la clase política. Es necesario como propondré en este ensayo dejar de lado versiones parciales y facilistas, y reconocer estructuralmente los temas de orden nacional que han despertado estos cuellos de botella de violencia y de incomprensión social.
La conjetura que ensayo para recorrer las líneas maestras de esta disertación estriba en los siguiente: el crecimiento desproporcionado de una democracia social, en los últimos tiempos, es decir, el surgimiento de nuevas mutaciones intersubjetivas en el seno del modelo de desarrollo que ha condicionado su emergencia, pero que no los incluye socialmente como factor de desarrollo, provoca  la aparición de una crisis de crecimiento del patrón de acumulación que no esta siendo detectada por los grupos de poder, y por el Estado comisario, que bloquean los cambios urgentes del diseño estatal y de la estructura productiva decidiendo la salida pragmatista de acallar  y disciplinar policiacamente a estas fuerzas que presionan por ser admitidas en la necesaria evolución de nuestro diseño social. Al interior de este supuesto late soterradamente la eterna costumbre de nuestra clase dirigente de montar una camisa de fuerza jurídica, política y económica que favorece sus intereses particulares, y que se despliega autoritariamente a espaldas de los progresos subalternos de que es capaz la cultura popular para vivir a pesar de todo. Justo ahora que el remolino político que despertó la elección de Ollanta Humala como presidente de la República, es aplacado por la vuelta de un Estado autoritario que no quiere comprender estas mutaciones democratizadoras, vemos que predomina a sangre y fuego, un estilo criollo y totalitario de ver la vida en este país; una red mafiosa que nos destruye y que hace de su bienestar la marca siempre intacta de la imposibilidad de ser un país organizado y unido.

Replanteamiento del diseño organizativo del Estado-nación:
Prosiguiendo con la exposición. Este impase histórico que ha planteado el retroceso del proceso de descentralización, iniciado en el gobierno de Toledo (2001-2006), dota de ciertos elementos de juicio para sostener que la manera tan artificial cómo se echó a andar este procedo de reorganización de la recuperada democracia ha provocado el violento antagonismo entre el gobierno central y las identidades regionales y locales. Esta severa contradicción de no tener presencia real y orgánica en las regiones de un territorio poco integrado en cuanto a vías de comunicación y serios desfases en el desarrollo humano, ha sido fortalecida paradójicamente con los vicios centralistas de una cultura política autoritaria que ha despertado en los gobiernos sub-nacionales. Aunque se hayan transferido a los gobiernos regionales y locales competencias jurídicas, políticas y administrativas que han modernizado los atributos y la autonomía perdida durante la dictadura, esta decisión apresurada de dividir el poder público y dar mayor presencia a la autoridad real en territorios alejados de todo desarrollo, la  verdad es que tal reorganización del Estado en red no surgió como parte de una lectura atenta de las mutaciones regionales y socioeconómicas que se manifestaban en el país, sino como un avance organizativo que no reúne como respuesta de la cultura real  ciertas condiciones materiales, burocráticas y socioculturales necesarias para que funcione. Tal desadaptación del movimiento real de la economía y la cultura en las regiones en relación a las entidades estatales, ha hecho que el sistema político se convierta en una camisa de fuerza que no logra incluir, ni representar idóneamente los movimientos de la sociedad civil local, sino que inhibe y ahora reprime todo intento de descentralizar adecuadamente el sistema político nacional. Veamos que condiciones no existentes no permiten la compatibilidad entre la cultura local y los niveles de gobierno sub-nacional
  1. Uno de los principales déficits estructurales que evidencian un urgente replanteamiento de la descentralización es la ausencia de una estructura técnica y profesional diseminada en el entorno del territorio, como para ejecutar las funciones y las metas reales que se plantean los gobiernos sub-nacionales. La falta de recursos humanos calificados, y la predominancia de una mano de obra elemental y de servicios es parte de un problema mayor que compete a la reforma educativa, y a los bajos niveles de calidad educativa y de resultados pedagógicos que demuestra la sociedad. Es este no poder participar de la demanda de trabajo al interior de los proyectos económicos que se lanzan en la provincia, lo que provoca un serio divorcio entre la sociedad local y la política, siendo capturada por la reproducción del gamonalismo o caudillismo político de los  operadores regionales que penetran estos niveles de gobierno, sin poder ejecutar todo lo que proponen, dando paso a una camarilla de personajes corruptos e informales que hacen retroceder todos los buenos avances formales del proceso de descentralización.
  2. Un segundo déficit más serio que el anterior es el no control territorial y administrativo de las jurisdicciones de los gobiernos regionales y locales. La desarticulación territorial, la falta de cominos y obras de infraestructura que permitan una mayor penetración de los espacios poblacionales, así como esa mala conexión entre geografía, distribución demográfica han perjudicado una adecuada recomposición territorial de las identidades locales. Si le añadimos a ello que históricamente el manejo del espacio ha adolecido de una comprensión racional de nuestra accidentada geografía, y que las elites irresponsables, han sobrepuesto sus mezquinas visiones territoriales sin acompasarlas con las ancestrales y más coherentes ordenamientos territoriales, se entenderá, por último que urge de una reconstrucción nacional del territorio que nos dote de soberanía geopolítica sobre él, y que permita una correcta racionalización del uso de los recursos y destrezas demográficas. En tanto la concentración poblacional persiga afianzar una urbanización desordenada, como expresión hegemónica de una pésima construcción del espacio, que amenaza el equilibrio ecológico de éste, se sobrepondrá un esquema de organización del territorio que cohíbe y obstruye por utópica o complicada de hacer una espontánea integración nacional.
  3. Un  tercer rasgo que bloquea la descentralización es que esta se efectúa sin dotarla de un sistema de planificación social, es decir, centros de desarrollo que regulen y promuevan los diversos proyectos económicos que se han dado en sus jurisdicciones. La formación de las actividades económicas (agrícolas, comerciales y artesanales) han ido divorciadas del principal agente dinamizador en estas últimas décadas de neoliberalismo, como es la minería formal y artesanal. Se ha ido generando en todas la áreas de impacto social cercanos a la actividad minera centros urbanos congestionados y desordenados que han concitado una transformación inusitada de las tradicionales relaciones sociales, trayendo una dinámica comercial y material importante, pero que han alterado la conexión tradicional entre la actividad agrícola, hoy en retirada, y la dinámica social hoy caótica y ciertamente patologizada. Esto último ha provocado una licuación de los ancestrales lazos comunitarios del mundo andino y amazónico, predisponiendo la desaparición de los saberes productivos del mundo rural, e intercultural, arrojando toda la marea migratoria que ocasiona esta alteración de las relaciones encorsetadas y fijas a un mundo urbano congestionado donde la construcción de la identidad y de su economía política es siempre un actividad desarraigada y sin ninguna planificación holística. Al cifrarse el desarrollo de la economía formal e informal sin  tomar en cuenta las potencialidades cualitativas del territorio, y sin prestar atención a los conocimientos interculturales de las economías ancestrales, se produce una perjudicial separación con respecto al despliegue étnico-cultural que anuncia la modernización; disolviéndose la relación armoniosa entre la relación social productiva y una economía de gran escala extractiva y saqueadora que funciona como un molino satánico que succiona toda la enorme acumulación que produce la nación sin devolverle como contraparte un sistema de bienestar, o condiciones materiales cognoscitivas para que la población pueda organizar proyectos industriales con mayor valor agregado. Esta cohibición de una democratización de la economía y de una recapacitación de la mano de obra, hacen que se reproduzca una economía exportadora de recursos materiales que utiliza poca fuerza de trabajo, que ingresa en los territorios explorados a manera de una costra o enclaves productivos que no establece mayormente cadenas productivas con las economías regionales, y que muchas veces mantiene incólumes las condiciones de pobreza y los calamitosos indicadores del desarrollo humano. Si este esquema tal como lo resumo ha sido legitimado es porque ha sido interiorizado por los emprendedurismos infinitos de la cultura popular, por medio de los ejércitos de negocios micro empresariales, que funcionan como un reservorio de recursos de todo tipo social que compensan la miseria, y las enormes desigualdades del territorio nacional.
  4. Una cuarta hipótesis que quisiera bosquejar que arruina el pomposo proceso de descentralización es de corte más especulativo y no tomado en cuenta por los diseños estatales. La descentralización ha distribuido como herencia del gamonalismo, una cultura política y un sistema de representaciones sociales en los períodos postmodernos actuales que hegemoniza la tradicional piscología de la viveza criolla en todo el territorio, con sus excepciones salvables. Es decir, ha creado condiciones formales en todo el territorio para que las matrices interculturales andinas o amazónicas sean desterritorializadas de sus relaciones sociales antiguas, e incorporadas a un mosaico variopinto de símbolos comunes, que son los criollos, como la cultura mercantilista, el delito simbólico, la violencia cultural y la sabiduría conservadora, que remueven peligrosamente todos los saberes ancestrales de cada campo social, subordinándolos de modo naturalizado al culto a una inmanencia individualista que lo decide todo. Si ha ello agregamos, como análisis de otra parte, que el Estado fomenta el monoculturalismo burocrático y empresarial en todas sus incursiones políticas, frente a una galaxia interminable de hibridaciones y mestizajes que no ofrecen, como tendencia, mayor dependencia de las insospechadas mutaciones y desequilibrios de la esfera político económica, se comprenderá, por último, la gravitante desconexión entre un proceso cultural que se emancipa de modo inconveniente de la estructura social, en esta coyuntura histórica, cuando es urgente vincularla a un proyecto de nación.
  5. Una quinta condición que no esta cumpliendo el proceso de descentralización en curso, es la persistencia de una clase política de operadores autoritarios y retrógrados. No sólo la inconsistencia en la administración de los recursos públicos, o su declarada ineficiencia para concretar proyectos de desarrollo parece ser el abismo objetivo que explica la inoperancia de los gobiernos locales, sino sobre todo la privatización caudillista o pragmática de los niveles sub-nacionales a cargo de camarillas y clientelas políticas, que penetran estos espacios públicos para hacer fortuna o defender tras los escudos protectores de la politiquería y el proselitismo socialista niveles de gobierno que invaden con una lógica mafiosa, de prebendas y de corrupción socializada. Más allá de que los espacios locales cuenten con agrupaciones políticas, y grupo de interés, que si representan demandas locales y comunitarias, sostengo que estas premisas bien intencionadas son ahogadas por la sólida reproducción de una cultura política parroquial y autoritaria, que procede de todos los niveles organizativos del organismo barrial, rural, vecinal y cuya naturalización no virtuosa permite afirmar que la descentralización en marcha, con todos los atributos jurídicos y políticos que ha transferido a las regiones ha distribuido las malas prácticas de un centralismo burocrático y corrupto.  La no existencia de una democratización de la cultura de servidores públicos, arranca a las justas demandas y urgencias provinciales de una legión de buenos representantes políticos, lo cual ahonda más la división de los pueblos, y expone a las sociedades precarizadas a la penetración de intereses políticos particulares, que la desorganizan y erosionan sus certidumbres interculturales y solidaridades comunales. En este nivel sub-nacional, como premisa autosuficiente es necesario que la sociedad local cuente con una clase política moderna y juiciosa que sepa interactuar y negociar, con los actores sociales y empresariales de su jurisdicción, con el Estado nacional, y sobre todo con la inversión trasnacional, arrancándole al capital el compromiso de desarrollar la sociedad local.
  6. Una sexta carencia estructural que observo es la no integración de un sistema de tecnologías de la información, sino un mosaico desarticulado de medios televisivos, radiales, publicitarios y digitales, donde ciertamente la hegemonía mediática  que moldea el sentido común de la opinión pública, son los grupos de poder televisivos que se despliegan desde el capital central. Hoy que duda cabe, una descentralización incoherente de medios locales, sobre todo radiales y canales de señal abierta local que transmiten en ciertos espacios regionales, modelando la cultura política de las identidades y grupos de interés local; sin embargo, el socius cultural de la nación esta dominada por la influencia sociocultural que producen los grupos de poder mediáticos del centro metropolitano, condicionando la formación de una cultura criolla y accidental que sirve de modelo formal a la diversidad del país. Por ello de la alguna manera, es lógico suponer que al no existir un instrumento mediático que mantenga informada a la sociedad local de los movimientos políticos de sus representantes,  se garantiza la interpenetración de signos audiovisuales ajenos a la cultura local; señales que erosionan y desgastan la solidez implícita de la política local.
Habiendo reconocido, de modo general, las propiedades estructurales de las que carece el proceso de descentralización, o su confluencia desordenada en un espacio local totalmente mal edificado, presumimos de modo histórico que esta organización política caótica – que asumimos con el tiempo puede provocar la completa división política del Estado-nación – es resultado suficiente de los pésimos esfuerzos por dotar de coherencia soberana al territorio nacional, o incluso producto de la escasa iniciativa por organizarlo en armonía con el despliegue material y simbólico de las culturas plurinacionales. Pero considero que esta descomposición organizativa en la que ha devenido el diseño estatal responde a tres oleadas ontológicas, o tres alteraciones o ajustes estructurales que han  intentando organizar al territorio y a la sociedad en función de un patrón de acumulación, o incluso como hoy sin ningún norte y definición estratégica:
  1.  Una primera oleada ontológica fue el intento organizativo de pasar por el cedazo de la dialéctica del desarrollo a toda la enorme complejidad formativa que se prolongó hasta bien entrado el siglo XX, bajo la figura de la feudalidad. Aunque las decisiones políticas de la reforma agraria, los cambios en la matriz económica de crecimiento cancelaron de raíz la pervivencia de instituciones anacrónicas como el gamonalismo y latifundios improductivos, las alteraciones a las que nos conduzca el desarrollo desbocado intentaron involucrar a las culturas diversas al interior de un modelo homogéneo de ciudadano asalariado y secular; la idea de una sociedad planificada y organizada por un Estado desarrollista. Aunque este primer intento de imponer una lógica de la organización territorial al espacio nacional fracasó y desencadenó cambios secularizadores, como la migración y el movimiento de pobladores, lo cierto es que embarcó a la cultura en el proyecto tentador de la modernidad, que ha extendido al espacio patrio una  modernización desbocada que muchas veces no ordena nada, o desorganiza aún más. Por diversos motivos, pero debido a la alta complejidad de nuestra formación nacional este reto de una sociedad planificada, es decir, una maquinaria organizada que respondiera a las exigencias democráticas de una cultura nacional integrada se agota fortuitamente al ser derrotado políticamente todo el movimiento político de los 70s por las dictaduras disciplinarias, y al ingreso a la formación social a un período de sistemático liquidamiento de la base industrial que el Velasquismo ayudo a forjar.
  2. Un segundo escenario que asentó en la nación la legitimación política del ajuste estructural neoliberal, fue  la ponderación de un cierto estilo de desarrollo que se rebeló como una camisa de fuerza que inhibe la complejización productiva y que se ha dedicado a desmantelar las condiciones jurídicas, sociales y políticas para la forjamiento de proyectos industriales. Este escenario ontológico que yo llamo de modernización individualista se caracteriza por la pervivencia de una economía política disuelta, fragmentaria y desconectada de toda planificación social; una base  material en manos de los grupos de poder económico que organizan a la sociedad en función de una pastoral de estilos de vida individual y privatizadores; consintiendo el despegue de expresiones micro empresariales y de economías solidaria, en la medida que afianzan la iniciativa liberal, pero cuya administración política se divorcian de una coherente modernización orgánica e integral de nuestra economía política. Al autonomizarse la economía de sus fiscalizadores políticos y de toda sintonía con la realización de  las culturas diversas los únicos espacios de secularidad o de experiencia modernizadora parten de los esfuerzos individuales o racionales de un actor social que trata a toda costa de competir y no ser expulsado de la raquítica división social del trabajo. La modernización no es más una política económica, es sólo una vivencia cultural e ideológica.
  3. Una tercera modernización, o principio de realidad que venimos experimentando en estos últimos años es la precipitación de una racionalización del saqueo y de la destrucción de la naturaleza y la sociedad. La modernización ya no es un enfoque que se vincule a un proyecto de organismo colectivo o secularidad individual sino un régimen de excepción que busca atropellar todos los obstáculos sociales y políticos de modo policiaco para imponer una lógica de la expoliación y de violencia simbólica que permite la introducción de actividades económicas en nuestro territorio que no tiene ningún compromiso de generar prosperidad o desarrollo social sostenido. Al contrario amparado en los estados vasallos desmantelan más a la sociedad y la convierten en un ambiente ingobernable, plagado de violencia y de falsos ídolos distractores.
La conclusión de este primer apartado consiste en que el proceso histórico cómo se ha construido nuestra organización política, es decir, nuestro contrato social resulta un diseño incompatible con el despliegue misterioso y arcaico de las culturas populares; las cuales construyen de la nada universos de realización paralelos y clandestinos que aún más diferencian y desestructuran la posibilidad de un Estado integrado y cohesivo. Por último, es urgente un replanteamiento del estado de democrático y de sus múltiples tentáculos institucionales a lo largo del territorio nacional, para aprovechar las enromes mutaciones culturales y materiales que esta viviendo la cultura peruana en la última década; pero este salto cualitativo depende de un recambio en la concepción política del Estado, y por lo tanto, representa un programa político a construir.
Interculturalidad y relaciones comunitarias.
Si algo claro hemos percibido en los desencuentros comunicativos entre el Estado y las autoridades regionales en los espacios de conflictos socioambientales es la carencia de un elemental juicio de la negociación y de escuchar al otro. Más allá de que sea política de Estado o rasgos de las idiosincrasias regionales se ha percibido que la apertura al diálogo ha estado plagada de prejuicios raciales y de la incomprensión antropológica hacia nuestras culturas plurales. La postura del estado ha enfrentado estos conflictos con una lectura claramente tecnocrática y pragmática, sin querer abrirse al entendimiento intercultural de las posiciones en  juego, y por lo tanto, arbitrariamente ha creado la enemistad entre las fuerzas regionales, sembrando la clientela y el prebendismo como fórmula para lograr aliados e imponer proyectos de desarrollo, sin mayor discusión de la noche a la mañana. Aunque hay reconocerlo una fuerte ausencia de una ética del discurso en las poblaciones impactadas por la minería, debido a los desfases en los niveles del desarrollo y la pervivencia de una concepción patrimonialista del estado, reafirma la idea de que la empresa, por medio del Estado, plantea la urgencia del diálogo cuando debajo de la mesa hace los arreglos políticos necesarios para imponer su política de Estado, sin discutirla o negociarla con las poblaciones impactadas. Y no sólo eso. La resolución de estos conflictos generalmente arranca acuerdos declaratorios y proselitistas, que no contienen ninguna política de desarrollo de largo aliento, prefiriéndose provocar la desorganización política de las fuerzas que enfrentan y respondiendo con represión y prebendismo.
Es necesaria no sólo la entrega de las relaciones comunitarias a especialistas sociales, con claro manejo intercultural, sino que es necesario la introducción de principios mínimos en la organización del estado que comprendan de modo más sistémico todas las variables en juego en un conflicto socioambiental. Es urgente una visión intercultural y democrática de los operadores políticos del Estado, que no reduzcan el manejo de estos escenarios políticos complicados a salidas coyunturales y parciales, que lo único que favorecen es la acumulación del descontento, y el olvido de las promesas de progreso social que se arrancan en los acuerdos políticos. A pesar de que modo declaratorio y documentario existen esfuerzos académicos y políticos para generar una reforma intercultural del Estado, que acerque a éste a la sociedad, estas intenciones comprensivas han sido resistidas por la visión monocultural y autoritaria de la clase política, que impone de modo convenido y calculado la mejor fórmula que signifique no perder hegemonía y favorecer a los grandes intereses. Ahí donde se carece de intenciones interculturales, para solucionar conflictos sociales, que esconden motivaciones más estructurales, lo que se evidencia en el fondo es la conservación de un diseño de Estado que es funcional a los grupos de  poder, con la peligrosidad que significa no entender a la sociedad y mantener postergadas las justas reivindicaciones de las poblaciones impactadas.
La carencia de instituciones interculturales, perjudicial para una unificación democrática entre el Estado y la sociedad civil, es lo que facilita, también por parte de la sociedad víctima el aferrarse a ideologías revanchistas que desinforman y complican el escenario. Si vemos desde este punto de vista, al ausentarse de las poblaciones organizadas una adecuada comprensión cívica de estos impases sociales, lo único que se favorece es la expansión de una cultura autoritaria del odio, que no conversa ni sabe defender sus posiciones. Es decir, no existe más que en los representantes locales una frágil conciencia ciudadana, que no permite la comprensión de las propuestas del Estado, facilitando el resentimiento y la decisión del Estado de elegir el camino represivo “del divide y vencerás” como opción facilista. Vemos que estos abismos en el diálogo, y el hecho de que políticamente estas desinteligencias permiten opciones politiqueras y mafiosas, a lo único que conducen es a la vulnerabilidad de las sociedades que se movilizan; pues en el terreno de las grandes conspiraciones estos “ríos revueltos” son caldos de cultivo para tranzamientos oscuros y la insurgencia de figuraciones políticas con claros intereses de poder. Por ello se requiere que el sistema educativo, en primera instancia, y el despliegue democrático de las demás instituciones socializadoras, fiscalicen el acceso a la información objetiva y su distribución, para desactivar de este modo la hegemonía de discursos impropios y rengados que se condicen con las reivindicaciones de la sociedad, aunque el desatamiento de estas pasiones encierre propósitos oscuros. Aunque este camino es muy lejano y complicado de recorrer.
Este desfase en los niveles de comunicación, como expresión que el Perú es un país difícil de gobernar, y de recoger adecuadamente sus demandas, son alimentadas por la visión represiva del estado y por la incrustación política de la empresa al interior de las regiones del país. Como se sabe la historia política de enclave o de feudo cerrado, sin mayor conexión con el despliegue económico y cultural del territorio, atizan más los conflictos en las áreas de influencia directa, no sólo por la ausencia de especialistas comunitarios que escuchen atinadamente los problemas que genera la actividad minera – en su mayoría son ingenieros sin calificación antropológica- sino porque la penetración de estas actividades de enclave erosionan el ciclo de vida ecológico y cultural de estas sociedades campesinas, predisponiendo la acumulación de la enemistad hacia la empresa, que es responsabilizada, de modo coherente, de los desequilibrios espaciales, y soterradamente culturales que provoca esta economía del saqueo. Si vemos sólo técnicamente estos conflictos socioambientales, y no es capaz la empresa minera de comprender cuál es su rol social como agente de cambio que altera esas geografías y órdenes sociales, será imposible persuadir a los pobladores afectados de las declaradas intenciones de desarrollo de la inversión extractiva; escogiéndose la disciplina y el hostigamiento como mejor forma de robar las entrañas de nuestros suelos, poniendo en paréntesis perpetuo los reclamos y alternativas que el pueblo con su esfuerzo diseña a pesar de todo. Saber escuchar y dialogar, es dejar esa visión de que el Estado ya hace mucho con sentarse y darle la mano a las poblaciones dizque ignorantes y bárbaras, para la foto, sino aprender a tomar en cuenta las idiosincrasias y los motivos ocultos que guardan los pliegos de peticiones, y trabajar por el desarrollo de la nación como un organismo vivo.

Límites del concepto de responsabilidad social empresarial:
Partiendo de la premisa que la resolución de conflictos no es una negociación sólo técnica y de estrategias de concesiones, sino el arte político de que el Estado se comprometa a insertar una estrategia de desarrollo más decidida y profunda que el sólo asistencialismo de la política social, podemos conjeturar cuáles son las responsabilidades globales de la inversión minera. La tesis que destaco en este apartado es que la manera discursiva y retórica como ha ingresado el concepto de responsabilidad social empresarial en nuestro país no permite un mayor involucramiento progresista de la empresa en la vida de la comunidad. No sólo se carece de estrategias plausibles para tal injerencia, sino que la minería no hace nada para desarrollar socialmente los espacios locales a donde ingresan sus intereses. Es decir, como hemos sostenido la política asistencialista que despliega y la compra de lealtades a cambio de lograr legitimación en las sociedades locales, no es parte ni en el largo plazo de la actividad promocional de su gestión.
Aún cuando sabemos por definición que una mayor preocupación del bienestar y capacitación social de los trabajadores a su cargo, así como de los hábitats sociales en donde interactúa podría conseguir la aceptación social de la actividad empresaria y mejorar la productividad, no se percibe más que una contención prebendista y politiquera de las grandes acumulaciones de descontento y contaminación comprobada que genera. Es decir, la historia larga de maltratos y de malos relacionamientos con las comunidades posiblemente afectadas, así como del hecho de que la presencia de la minería no afianza el desarrollo social, sino que desorganiza los equilibrios sociales del campesinado y de las comunidades, han hecho que la inversión minera se vea ante la obligación de imponer policíacamente su modernización del saqueo para ingresar a los ricos yacimientos mineros que las economías más avanzadas precisan suma urgencia.
Para el caso del país de modo tentativo soltaría cuatro grandes tareas que tendría que ejercer la actividad empresarial para prevenir los conflictos socioambientales, ante la presencia de su concurso:
  1. Es urgente que la inversión minera, por medio de las autoridades locales, establezca organismos de cuidado ambiental interdisciplinarios que estudien participativamente los riesgos posibles del impacto minero; no sólo agenciando los permisos legales respectivos, sino que además recogiendo en las poblaciones empobrecidas cuáles son las  propuestas y elementos que garanticen las construcciones de planes de desarrollo reales, consultando además cuáles serían sus percepciones y reclamos ante los riesgos de la minería y problemáticas de la pobreza más profundas. Esta ley de consulta previa que actualmente se ha postergado su ejecución, podría convertirse en un instrumento jurídico y social que vaya más allá o complemente las tradicionales estudios de impacto ambiental (EIA); en la medida que garantizaría el compromiso de las poblaciones afectadas, su consentimiento a romper la reproducción de una cultura política autoritaria, y la recolección de ciertas estrategias holísticas de desarrollo, adecuadas a la realidad y necesidades de cada comunidad. Sería para culminar un marco o contrato social de progreso que no permitiría la lucha de facciones o la penetración de intereses desestabilizadores, sino un plan sostenible que respete la naturaleza y las tradicionales actividades productivas que se genera en ello.
  2. Una segunda tarea maestra que queda pendiente es la restauración de una visión agrícola del desarrollo como sostén sociocultural a las alteraciones desbocadas que genera la actividad minera. Aún cuando de acuerdo a visiones estereotipadas y desacreditadoras la actividad agrícola tal como se desarrolla en las zonas alto andinas no permite la superación de la pobreza rural, sino es que es una actividad condenada a la desaparición por otras empresas económicas más eficientes para combatir la pobreza material, la verdad es que la agricultura tradicional, es decir, la vida en el campo es parte de una existencia sistémica de lo andino, una concepción cultural que entiende la tierra como una prolongación animada del hombre andino. En otras palabras, una de las estrategias de la tecnología minera sería crear las condiciones más laudables para desarrollar la agricultura, permitiendo el pleno empleo y la seguridad alimentaria; es decir, una seguridad ambiental que permita la reproducción y evolución ciudadana de los cambios urbanísticos que el impacto minero ha traído consigo, en conjunción con las compensaciones socioculturales que implica la agricultura para el hombre de campo. Aunque esta propuesta es difícil de ejercer, porque la minería produce el crecimiento inusitado de las ciudades, y cambios inesperados en la estructura social de estas comunidades, como el comercio o la delincuencia, así como la crisis de valores, creo en los planes de cierre y como parte de una estrategia más horizontal de relación con las poblaciones la minería debería modificar relativamente los órdenes sociales en lo que ingresa; pues estas alteraciones traen consigo acumulación de descontentos.
  3. Una tercera tarea pendiente por la empresa es la búsqueda más interactiva de generar con apoyo del gobierno local, y los actores sociales involucrados (centros educativos, autoridades de salud, grupos de interés diversos) una estrategia de desarrollo real y viable que supere la habitual atrofia de los niveles sub-nacionales de gobierno. Es decir, generar las sinergias necesarias para un control privado-público de la economía minera, y las diversificaciones productivas que de ello resultaría, mejorando el rostro social de la empresa, y superando, esa clásica relación clientelar y feudal que la ha caracterizado. Ahí donde hay asistencialismo y regalitos es urgente avanzar hacia una concepción más orgánica del progreso social, que cree las condiciones estructurales para que la minería produzca un primer piso de acumulación para una presunta evolución industrial descentralizada, soberana y conocedora del territorio.
  4. En cuanto a la minería informal, como anotación al margen es necesario, no sólo formalizarlos para adecuarlos a la supervisión ambiental y tributaria, sino incorporar estos desarrollos micro empresariales al interior de una lectura global del desarrollo local, que evite los graves impactos ecológicos y contaminación que han generado en los últimos tiempos –como en Madre de Dios-  y pueda ser una economía regional que genere empleo y active los mercados internos. Me parece que la manera como se ha manifestado esta minería de pequeños productores, controlados de modo adecuado, y eliminando la mala sangre que hay en este entorno social, se podrían generar asociaciones económicas que expresen el crecimiento de un sector de empresarios nacionales, que puedan equilibrar y romper el carácter de enclave de la gran minería, y así dinamizar los mercados regionales. Pero esta es una propuesta  muy lejana a la realidad actual de este sector.
  5. Y una tercera injerencia que los especialistas sociales en la temática de los conflictos sociales es avanzar de los protocolos de comunicación estratégica con los lideres locales a una estrategia de neutralización de `poderes e influencias políticas, mediante el empoderamiento de nuevos liderazgos mas ecuánimes o propiciar cambios generacionales en la construcción de los poderes locales, sin alterar en si las relaciones tradicionales entre psicología, cultura y territorio. En ciernes hacer evolucionar a las culturas impactadas en aquellos equilibrios potenciales que rompan el enclave, la corrupción, y esa cultura de la demanda y la crítica destructiva que no es sino manipulación política. Las empresas deben entender, que su presencia en las regiones a explotar implica una inversión de tipo social, buscando aliados y potenciando aspectos de emprendedurismo social. Las poblaciones a impactar son los niños/as, y los jóvenes. Y si es necesario neutralizar a los viejos y rancios operadores políticos se los desprestigia y neutraliza. Al final toda empresa de lucro, también es y debe hacer política...En toda cultura siempre hay aprovechadores y pendejos...



Cultura de la miseria:
Huelga comentar en este último apartado la persistencia perversa  de una lógica cultural al interior de los poderes regionales y movimientos sociales que ha generado la explotación minera. En relación a estas fuerzas políticas sostengo que la manera tan asimétrica y desarticulada como ha sido construida nuestra organización política ha privado a regiones enteras de los desarrollos concentrados y centralizados que se han dado en las ciudades de la costa, y sobre todo en Lima. A sabiendas que históricamente la pobreza y la explotación han sido dinámicas sociales que han modelado identidades y culturas regionales, se ha hecho predominante un estilo de desarrollo que ha fraguado descontento y ausencia de reconocimiento cultural. Es decir,  desde la Colonia, la intersubjetividad de la provincia y de los espacios empobrecidos de las ciudades desarrolladas ha sido prefigurada obedeciendo a un discurso de la miseria y al papel paternalista del Estado, que ha convertido ante la opinión pública a estas poblaciones como víctimas escandalosas del subdesarrollo, y hoy de los intereses trasnacionales.
Todo origen histórico de nuestros desencuentros han provenido de las divisiones y fracturas políticas que las elites han complotado, eso que duda cabe; pero con el paso del tiempo se ha desarrollado una cultura miserabilista en el seno de las organizaciones de base, que no es capaz de verse a sí misma como identidad que ha contraído su propio desarrollo humano, en parte. Aunque en el presente por detrás de esta proposición se esconde para los sectores conservadores el pretexto perfecto para olvidar a los sectores populares, hay que reconocer objetivamente que la pervivencia o arraigo de estructuras culturales anacrónicas en el seno de estos sectores han bloqueado diversas iniciativas para potenciar y desarrollar poblaciones enteras, y que para esclarecer, por ejemplo, lo que sucede en los conflictos socioambientales hay que abandonar posiciones maniqueas, del bien y del mal, y avanzar hacia diagnósticos que evidencien los intereses en juego, y las enormes revanchismos que encierra la protesta y el desaforamiento de la violencia social.
Creo que una mirada en la larga duración ayudaría a demostrar como esta estructura de  la miseria se ha inoculado en nuestra cultura política, dañando y despolitizando grandes proyectos de integración social; y que a medida que se ha abrazado adictivamente la tentación de modernizarse se ha estabilizado una ira tan terrible en los submundos de nuestra personalidad periférica que se ha vuelto casi imposible concitar el apoyo público a cuanta solución programada se haya intentado proponer noblemente. No quería decirlo, pero creo que es conveniente desenmascarar los grandes traumas de nuestra herencia cultural que no nos dejan vivir, pues soy de la creencia que la responsabilidad de nuestras miserias civilizatorias no descansa sólo en el arribismo de la oligarquía, en su desvergonzado afán de poder, sino en los traumas ideológicos que el hombre popular no ha sido capaz de resolver dentro de sí mismo, proyectando todo su odio y nihilismo hacia grandes mitos, y viviendo en las sombras de una gran ceguera e inercia cultural. Esta ira se ha vuelto estructural y aun cuando nuestra cultura ha sido capaz de superar grandes economías del odio y la venganza, el modo tan deshonesto como nos construimos, y como crece el desinterés hacia nuestra sociedad con egoísmo e indiferencia, me precipitan a decir que somos una cultura que no se conoce a sí misma, y que poco le importa arruinar el camino del progreso a generaciones enteras y espíritus honrados que nunca faltan.
  1. Un primer origen de esta cultura de la miseria se da en la Colonia, con la extirpación de idolatrías y la furibunda evangelización aculturizante de la iglesia. El catolicismo ante el afán de triturar toda creencia pagana y ritualista del indígena, sustituyó la perdida cultura incásica, y su variedad politeísta con la religiosidad del valle de lágrimas y de la miseria del seglar, convirtiendo al indio, a los esclavos y a los sectores explotados de la Colonia en víctimas agraciadas del reino de los cielos. Gente castigada y en padecimiento perpetuo cuyo castigo supremo fue haber pertenecido a un imperio de pecadores y bárbaros. Aunque la inmediata evangelización no pudo eliminar del todo la sublimación, y el sincretismo de los cultos andinos, si que le imprimió al hombre andino la etiqueta de una casta sufrida y miserable, una cultura cuya persecución y aplaste cultural se justificaba por entorpecer y contraer los valores magnánimos de la Colonia. A esta mecánica del sufrimiento había que agregarle que secretamente las prácticas diletantes y barrocas de las elites criollas y españolas eran anheladas y reproducidas en la trasgresión por las clases subordinadas, lo cual incrementaba un gran resentimiento hacia no poder ser aquello que odiaban. Es decir, en la conformación de esta personalidad evangelizada se depositó un moralismo feroz, acompañado secretamente de un deseo de trasgresión y desborde; un conservadurismo que disfrazaba una fecunda inmoralidad. Se podría argüir que las grandes vulnerabilidades psíquicas de nuestra singularidad civilizada se originan en esta paradoja cultural: se detestaba al estado explotador, pero al mismo tiempo se le exigía todo. La explotación vertical iba acompañada de una gran degradación personal.
  2. Es complicado mencionar donde surge nuestra ilusión individual. A pesar que los laberintos de la personalidad se remontan a la formación del yo cristiano, es con el gamonalismo y paradójicamente con la educación monocultural que auspició la aristocracia civilista de la primera mitad del siglo XX, que se puede hablar de la  construcción de un yo edípico y paternalista. El gamonal, la iglesia conservadora y todo el circuito de un parentesco que llegaba al juez paz y a toda la arquitectura de latifundios envolvían a un campesinado servil, explotado, cuya única seguridad descansaba en la protección enfermiza que le prodigaba el “misti”. Aunque la creatividad andina pudo reproducir sus tradiciones y costumbres festivas, se puede conjeturar que el lazo de poder que lo unía al gamonal le otorgaba orientación y sentido de pertenencia. Este triangulo sin base, del que habla Cotler, se desvanecería paulatinamente con los resultados inesperados de la educación pública, que si bien patrocino de modo indirecto los levantamientos campesinos y las oleadas de migración a las ciudades,  forjó un individuo aún atrapado por grandes traumas patriarcales, al mudar la base de su dependencia psíquica al Estado, y a los principios referenciales de un Estado-nación. Este trauma se agiganta al perderse el principio de autoridad gamonal en el campo, y al entregarse la personalidad subordinada a la figura de un individuo que negaba e intentaba disolver las procedencias tradicionales de donde provenía el actor migrante.
  3. El  proyecto desarrollista, que podría argumentarse que fue el intento de secularizar y barrer de raíz estructuras enmohecidas y coloniales, también fue alcanzado por una actitud salvífica y teologizante. ¿En qué sentido? Pues el desarrollismo y su gran proyecto de industrializar el país envolvía la vieja fórmula de abandonar lo considerado bárbaro,  el valle de lágrimas de la feudalidad, y alcanzar la gracias y la salvación de un Estado homogéneo y moderno. La luz que representaba pasar por el cedazo de la dialéctica histórica  a toda la gran  oscuridad e ignorancia del mundo tradicional. Esta figura hizo que las peticiones de modernidad y libertad individual recayeran sobre un Estado padre cada vez más incapaz de colmar las gigantescas presiones que había despertado la historicidad, con lo cual se escurrió la idea de que el socialismo podría ser ese gran jefe autoritario y salvador que cancelaría la pobreza y nos redimiría. Más allá de que el cambio estructural tenía claro que reformas sociales y económicas debía ejecutar para conseguir esta secularización de nuestra formación social,  podemos argumentar que las infinitas ansiedades e historias colectivas que generó, respondían en el fondo a una época plagada de una gran religiosidad salvífica y redentora, lo cual empantanó los ajustes necesarios para construir un Estado organizado. El desarrollo impracticado porque reprodujo un estilo de religiosidad fanático que sería contraído violentamente con las dictaduras, y que sería golpeado con la descomposición social de los 80s.
  4. No obstante haberlo tratado en otros márgenes rebeldes el odio de Sendero Luminoso fue el que desperdigó en las organizaciones alto andinas remotas y olvidadas un discurso de la miseria y de la confrontación que se hegemonizaría en la cultura política del mundo regional. No sólo la subversión terrorista cohesionó y representó las profundas privaciones y silencios del mundo campesino, sino que su avance se explica porque internalizó en las identidades olvidadas la emergencia del padre revolucionario; aprovechando el gran deseo de revancha y de catarsis violentista que vivía el país, con  el desmoronamiento político del desarrollo industrial, los profetas del oído, como arguye Portocarrero, otorgaron un referente político de orientación inesperado en la violencia destructiva que serviría de fijación cultural sustitutiva en medios del caos social. Su violencia como dije en otra parte, respondió a la caída estrepitosa de un mundo; en ella el vacío no ingresaba. En este sentido, aunque su moralismo purificante hablaba a las claras de un deseo alternativo de barrer la herencia colonial criolla, esta camarilla de asesinos en función de una verdad dogmática escondían las mismas enfermedades politiqueras que intentaban combatir; reproduciendo, actualmente, ante la derrota una cultura política de la denuncia radical, múltiples costumbres parasitarias y divisionistas. Este reivindicacionismo marcaría la cultura política de las organizaciones gremiales de izquierda.
  5. Para rematar la consolidación de una cultura de la miseria la vivimos con la penetración radical de mafia fujimorista, que no sólo desmanteló y despolitizó toda la base organizativa en que se apoyó clásicamente la izquierda, sino que es sustitución de esta cultura asociativa montó un finísimo aparato de clientelas y de operadores políticos delincuenciales que desactivarían el movimiento popular, y que hicieron crecer en medio de la decepción y la miseria una psicología autoritaria y corrupta, cuya supervivencia garantiza la fuerte desconexión del movimiento vecinal barrial. Focalizadas las clientelas de los partidos políticos, ONGs y la política social percibimos la conformación de feudos y asociaciones vecinales donde al interior de los vasos de leche, comedores populares, talleres productivos,  clubes de madres y diversas organizaciones filantrópicas de drogadictos y adultos mayores se reproduce una visión asistencialista y de la petición caritativa como lógica política cultural que infectó el tejido social de vulgaridad y violencia simbólica. El fujimorismo no sólo dio el golpe de gracia a la sociedad organizada, sino que además permitió la peligrosa crisis o disolución de los vínculos de solidaridad familiar y barrial, generando una psicología autoritaria “donde todo vale” y la trasgresión criolla cunde. Devorada al cultura cívica por una base social desmantelada e infectada de una cultura autoritaria, lo que presumo es que esta realidad ha cimentado a  largo plazo una cultura sin la capacidad de diálogo, y si de cálculo y manipulación máxima, que no permite el entendimiento y la representación adecuada de demandas.
Habiendo hecho un recorrido histórico de este discurso de la miseria toca ahora soltar la siguiente conjetura en torno a la actualidad: el conflicto socioambiental que se vive con ardor en Cajamarca, y con intensidad variada en Espinar (Cuzco) y en otras latitudes del territorio nacional responde a la culminación de un desarreglo histórico de la decadencia de un estilo de conducción política, de cuyos escombros esta surgiendo tímidamente un nuevo espíritu, en medio del desgobierno y el estallido social. Hay que reconocerlo, el autoritarismo con que se asesina al movimiento social y a sus justas reivindicaciones, solo recibe como antagonismo político el facilismo de la protesta y la anarquía social, no con el objetivo de democratizar nuestra cultura, sino con el propósito de sabotear y jaquear al gobierno neoliberal, ahí donde esta izquierda radical carece del conocimiento y de propuestas operativas para administrar los territorios complejos del país. Al carecer de agenda programada se apela a la táctica política de la lucha de clases, que arbitrariamente divide al país, y de la cual no esta surgiendo ninguna subjetividad democrática, sino pura demanda y pliegos de reclamos, sin poder efectivo para concretarlos. La inexistencia de perspectiva, y si de una protesta desestabilizadora, que es legítima como primer paso, esta desnudando la visión anacrónica de las vanguardias socialistas, y la estúpida consecuencia de acelerar la división política del país, ante amenazas externas y los intereses disociadores del capital. Esta táctica irresponsable de bloquear los proyectos económicos de las regiones de sierra y selva, a pesar que por detrás de estas penetraciones económicas no se cuenta con buenas intenciones hacia las sociedades impactadas, esta conduciendo a la acumulación de rabia social y de un reivindicacionismo exagerado, detrás de cuyas efervescencia se esconden intereses partidarios y negociaciones particulares y oscuras. Desaforar esta cultura de la miseria es algo complicado, pues la modernización desordenada y precarizadora que experimentan las regiones andinas, selváticas y de costa hostiga las anteriores relaciones de vida social, haciendo retroceder el avance del significado democrático y alimentando la penetración de ideologías del rencor y la confrontación que a nada conducen. Es urgente una nueva relación del Estado y la empresa minera con la sociedad sobre la base de pactos y acuerdos reales

Algunas conclusiones:
  1. Es urgente una visión de fondo más holística de los conflictos socioambientales que sufre el país. Esto quiere decir construir una minería en función de un verdadero desarrollo humano de las regiones impactadas.
  2. Es necesario de un replanteamiento más intercultural y dinámico del proceso de descentralización. Esto hace necesario regular públicamente la vinculación desarrollista entre ordenamiento territorial, economía y cultura. Esto hará posible la construcción de identidades locales, con autodeterminación y capacidad operativa.
  3. Es necesario buscar sobre  la acumulación minera el salto cualitativo a modos de producción industriales más complejos y autosuficientes. Esto hace necesario un mayor involucramiento del capital humano minero en la reorganización capitalista de las sociedades locales.
  4. Es imprescindible sopesar las alteraciones y disrupciones que provoca la actividad minera (crecimiento de ciudades y debilitamiento de la estructura agraria) sobre la reconstrucción y tecnificación de las fronteras agrícolas de sierra y selva (en menor medida). Este plan de sostenibilidad facilitará el pleno empleo, la seguridad alimentaria y el respaldo sociocultural  hombre-tierra que amenaza la modernización del saqueo.
  5. Es urgente una real y efectiva democratización de las sociedades regionales y locales, mediante el reflotamiento del sistema educativo y el reforzamiento cultural de las idiosincrasias interculturales. Este ataque a la cultura de la miseria que es predominante en las organizaciones de base de ciudad y la ruralidad, permitirá el nacimiento de nuevos líderes y clases políticas más democráticas y tolerantes.
  6. En Política real las medidas a dar pase a la inversión minera por parte del Estado, deben considerar que la responsabilidad social, no es un costo innecesario, sino una inversión social que logra legitimidad y a la vez evolución sostenible de los espacios locales. Si es necesario abandonar la comunicación estratégica por sectores, y si no se entiende el mensaje por intereses dogmáticos, o por simple intereses sectarios, los especialistas sociales, deben neutralizar a los operadores políticos con todos los medios que el,estudio de las relaciones de poder les otorgan en aquellos espacios tradicionales. Hay que saber movilizar intereses, poder, y influencia en favor de un desarrollo que no rompa las matrices culturales, sino que las expandan en sus propias idiosincrasias, y cosmovisiones sociales. La naturaleza no debe migrar hacia lo modernización, sino debe coexistir, y hasta domesticarla...


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